Las organizaciones de la sociedad civil y las asociaciones de víctimas que trabajan para garantizar la rendición de cuentas por los crímenes de guerra en Ucrania instan a todos los Estados parte del Estatuto de Roma a que protejan a la Corte Penal Internacional (CPI) de las presiones externas y las sanciones.
17 de julio de 2026
Nosotros, organizaciones de la sociedad civil, expertos y asociaciones de víctimas y supervivientes que trabajamos para garantizar la justicia y la rendición de cuentas por los crímenes cometidos durante la guerra de Rusia contra Ucrania desde 2014, instamos a todos los Estados parte del Estatuto de Roma a que defiendan la Corte Penal Internacional (CPI) frente a las presiones y sanciones.
La Administración de los Estados Unidos ha anunciado una campaña para «desmantelar» la Corte, que prevé, en particular, el endurecimiento de las sanciones contra la CPI y las organizaciones vinculadas a ella, prohibiciones de entrada y la anulación de visados para el personal del Tribunal, así como el uso de instrumentos de la diplomacia y el apoyo estadounidenses para presionar a los Estados parte de la CPI a fin de que se retiren del Estatuto de Roma o se opongan al Tribunal.
No es ni mucho menos la primera vez que la CPI se enfrenta a ataques y amenazas por llevar a cabo la labor que le ha encomendado la comunidad internacional —entre la que se incluye Ucrania—. Estados Unidos ya ha impuesto sanciones contra funcionarios de la CPI y quienes colaboran con ella, en concreto contra el fiscal de la CPI y sus adjuntos, los magistrados de la CPI, así como contra el relator especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados y tres organizaciones palestinas de defensa de los derechos humanos. Lamentablemente, esto se asemeja a las acciones de la Federación Rusa, donde el fiscal de la CPI y ocho magistrados han sido condenados en rebeldía por el cumplimiento de sus funciones oficiales.
Esta nueva campaña exige una respuesta unánime y firme por parte de todos los Estados.
Este tipo de amenazas son inadmisibles y seguirán socavando los derechos de las víctimas y la esperanza de justicia en Ucrania y en todo el mundo. Durante años, la sociedad civil y las víctimas en Ucrania han realizado esfuerzos para que la Corte investigue y persiga las violaciones dentro de la jurisdicción reconocida por el Estado, con el fin de garantizar a las víctimas el acceso a este importante mecanismo de justicia. También hemos abogado por la ratificación del Estatuto de Roma por parte de Ucrania, para que se convirtiera en un miembro de pleno derecho de este sistema. Los propios Estados Unidos han apoyado la labor de la CPI en relación con la situación en Ucrania, especialmente tras el inicio de la invasión a gran escala.
La CPI desempeña un papel único en la arquitectura de la justicia internacional, garantizando que nadie quede fuera del alcance de la ley, y sobre todo los infractores más influyentes. Así, la CPI ha dictado órdenes de detención contra Vladímir Putin, Serguéi Shoigú, Valéri Gerásimov y otros altos cargos de Rusia. Sin la CPI, el sistema judicial de Ucrania —incluso con el apoyo de otros mecanismos, incluido el futuro Tribunal Especial sobre el delito de agresión contra Ucrania— no podrá garantizar la justicia y la reparación por delitos de tal magnitud y gravedad.
Sabemos que la CPI suele ser una de las últimas vías para garantizar la justicia a las que pueden recurrir las víctimas cuando ya no quedan otras opciones. También sabemos por experiencia propia cómo la impunidad de los delitos más graves, tanto pasados como actuales, conduce a la comisión de nuevas violaciones en el futuro, tanto en Ucrania como fuera de sus fronteras.
Nos preocupa que tales acciones —e incluso las meras amenazas de las mismas — puedan causar un perjuicio considerable a la labor de la Corte, en particular al perturbar su funcionamiento, reducir el apoyo y la disposición a cooperar por parte de los Estados, así como disminuir la disposición de las víctimas y de la sociedad civil a colaborar con la CPI.
En este momento crítico, instamos a Ucrania y a todos los demás Estados parte de la CPI, así como a la Unión Europea, a que defiendan con firmeza a la Corte y se opongan a cualquier intento de socavar la búsqueda de justicia por parte de las víctimas.
- Los Estados parte del Estatuto de Roma deben actuar de inmediato, reafirmando su apoyo incondicional y de principio a la CPI, su disposición a cooperar con ella en todos los aspectos de su labor y a oponerse a cualquier intento de obstaculizar dicha labor.
- Los Estados parte del Estatuto de Roma y los actores regionales, en particular la UE, deben adoptar medidas concretas para minimizar las consecuencias de las acciones emprendidas por los Estados Unidos, y proteger a la CPI y a quienes colaboran con ella, en particular mediante la adopción de leyes de bloqueo a nivel nacional y regional.
- Los Estados parte del Estatuto de Roma deben colaborar con los Estados Unidos para lograr que se retire la campaña anunciada y se impidan nuevas medidas contra la CPI.
Para muchas víctimas y supervivientes en Ucrania y en todo el mundo, la CPI es, quizás, la principal esperanza de justicia. La comunidad internacional no debe permitir que la presión política y la intimidación destruyan esa esperanza.
Firmantes:
Coalición «Ukraine. 5AM Coalition»: una coalición que agrupa a 38 organizaciones de la sociedad civil y a 4 expertos independientes
Iniciativa "Tribunal for Putin (T4P)": una iniciativa con más de 30 organizaciones participantes
Asociaciones de víctimas y organizaciones dirigidas por víctimas:
NGO Way of Freeman
Davidenko Kostiantyn head of NGO “Civilians in captivity”
Head of NGO “Warriors' Liberation” Yepifanova Nataliia
NGO “Civil Freedoms,” led by Maria Viktorivna Sizyonova
NGO "CIVILIAN PRISONERS"
Bogdan Yuriyovych Pervachuk
Our Dearest Ones Family Association, Anna Mushtukova
NGO “Military Medics of Ukraine” Viktoriia Ivchuk
ALUMNI Network of Ukrainian Men Who Survived Captivity and Torture
NGO “Ukrainian Movement RETURN FREEDOM”
Larysa Shevandina Co-organizer and Ambassador of the International Advocacy Campaign “SAVE UKRAINIAN CIVILIAN HOSTAGES TOGETHER” Wife of civilian hostage Oleg Shevandin, who has been illegally held in Russian captivity since 2015
SEMA Ukraine NGO, Iryna Dovgan
The initiative group “Association of Families of Missing and Captured Personnel from the 72nd Mechanised Brigade and the 48th Special Rifle Battalion”, founded and coordinated by Nataliia Zelinska
NGO “Numo, Sisters!”, Lyudmyla Huseynova
NGO «Association of Relatives of Political Prisoners of the Kremlin»
(actualizado el 17 de julio de 2026)
17.07.2026
